Las nuevas críticas del comité de acreedores no garantizados de CorpGroup en EEUU

Diversos movimientos legales ha habido en el proceso de reorganización judicial que lleva adelante CorpGroup Banking (CGB) en Estados Unidos tras acogerse en junio de 2020 al Capítulo 11 del Código de Quiebras.

El comité de acreedores no garantizados de CGB ingresó el martes una moción para solicitar al Tribunal de Delaware que rechace una serie de solicitudes que requirió el grupo Saieh respecto a los plazos de la presentación del plan de liquidación

De acuerdo al documento, el indicó que el cronograma de litigios que se está negociando actualmente debe abordar algunos reclamos y objeciones. Uno de ellos, es la insistencia sobre las supuestas operaciones que realizó la familia Saieh y CGB que son consideradas por los acreedores no garantizados como "fraudulentas" e incluso, en base a "información privilegiada".

El punto que reprochó el comité es que dos años antes de la presentación del caso, CGB transfirió aproximadamente US$ 50 millones en efectivo a una empresa no relacionada a ésta, Inversiones Gasa, y que también está bajo el control de la familia Saieh.

Sostuvieron que "estas transferencias con información privilegiada se realizaron a cambio de acciones en compañía Inmobiliaria y de Inversiones Saga, en un momento en que no puede discutirse que tanto Saga como CGB estaban en situación de insolvencia".

En consecuencia, el comité consideró que "hay como mínimo US$50 millones en responsabilidad por transferencias fraudulentas que serían 'liquidadas' por el acuerdo con la familia Saieh y las entidades relacionadas que están contempladas en el plan".

Consultado CGB respecto a esta acción legal, la firma declinó hacer comentarios. 

Los antecedentes del caso

Los dardos del comité se remontan a las vísperas de Navidad. El 23 de diciembre presentaron una moción para que la jueza Kate Stickels autorice iniciar una investigación para esclarecer "el colapso financiero" de CGB y las otras cuatro sociedades del grupo Saieh acogidas al Capítulo 11.

Esto, luego que concluyera que "los patrimonios de los deudores tienen causas plausibles de acción contra Itaú Unibanco, ciertas afiliadas de CorpGroup, los directores y funcionarios" de las empresas en quiebra.

El comité recalcó que "los posibles demandados deben perseguirse".

Los abogados del comité -que reúne a LarrainVial, Compass, Consorcio, MBI, Fynsa, entre otros actores- criticaron que las empresas del grupo Saieh realizaron una serie de transacciones que detallaron en un documento de cinco páginas. Además, mostraron otro reporte de seis páginas con un resumen de cargos que buscan perseguir.

Apuntaron que los acreedores no garantizados han sido víctimas tras el "resultado de un plan deliberado y orquestado por personas con información privilegiada de los deudores y su prestamista".

Protestaron que "quienes controlan a las empresas deudoras -es decir, la familia Saieh- tampoco tienen ningún interés en investigar las mismas transacciones que condujeron a estos casos del Capítulo 11, ya que tal investigación ciertamente no sería de su propio interés".

Ahondaron que "cada una de las reclamaciones identificadas por el comité implica acciones indebidas y conflictivas tomadas por los directores y funcionarios de las sociedades deudoras, lo que crea una situación en la que es simplemente insostenible permitir que conserven la autoridad exclusiva para investigar, resolver y/o liberar las reclamaciones contra personas con información privilegiada y otras partes relacionadas, incluidos los directores y funcionarios de los empresas y los propietarios finales del capital: la familia Saieh".

Las definiciones

Los representantes legales del comité expusieron que de acuerdo a las propias interpretaciones que ha hecho el Tribunal respecto al uso de información privilegiada en estos casos es cuando se configuró una explotación al deudor; se violó las "reglas de juego limpio y buena conciencia"; incurrió en una conducta ilegal o fraudulenta; incumplió deberes fiduciarios con el deudor, accionistas o acreedores;utilizó al deudor como un mero instrumento o alter ego; incumplió un contrato; o si un accionista controlador, subcapitalizó al deudor o capitalizó al deudor con deuda.

En línea con la argumentación que entregó el comité, "durante un período de siete años, los deudores transfirieron aproximadamente US$ 960 millones a personas con información privilegiada y entidades afiliadas en forma de préstamos, compras de acciones en entidades relacionadas y aportes de capital".

Aseguraron que en ninguna de estas transacciones las sociedades del grupo Saieh recibieron a cambio un "valor razonablemente equivalente". También, que los préstamos entre empresas del grupo se realizaron a entidades sin capacidad de pago. Se aportó capital y se compraron acciones de entidades que estaban insolventes o que no tenían activos significativos.

Las transacciones en la mira

Entre las operaciones en la mira están que, en 2020 y 2021 Saga habría otorgado préstamos a CorpGroup Inversiones Ltda. por un monto de aproximadamente US $12,8 millones; Gasa por un monto de aproximadamente US$ 6,1 millones; e Inversiones Torre CG S.A. por un monto aproximado de US$ 7,5 millones.

También, las compras de acciones de Saga 2020: entre marzo de 2020 y julio de 2020, los estados financieros de CGB reflejan que habría comprado más de 23 mil millones de acciones de Saga a Gasa por aproximadamente US$ 49,4 millones.

Los bonistas apuntaron que la única razón para los préstamos de Saga entre 2020 y 2021 y las compras de acciones de 2020 fue para "transferir efectivo de CGB y Saga a otras afiliadas no deudoras, por lo que CorpGroup podría usar dicho efectivo en general y estaría fuera del alcance". Expusieron que "casi todas las señales de fraude están presentes".

Esto, pues argumentaron que CGB y Saga estaban controladas por los mismos propietarios que es la familia Saieh. También el hecho de que CGB recibió acciones en Saga -que era insolvente- y Saga recibieron notas sin valor de personas con información privilegiada a cambio de transferencias de efectivo. Las sociedades deudoras eran insolventes en el momento de las transacciones.

Cabe recordar que tras esta moción, el gerente general de CGB, Andrés Winter, precisó a DF que que lo que "hay es una moción presentada por un grupo de bonistas no garantizados cuyo objetivo fue solicitar al Tribunal de Delaware la autorización para demandar o para llegar a un acuerdo".

El ejecutivo insistió que "CorpGroup Banking acreditará en las instancias que corresponda que, su actuar y el de sus directores, se ha ajustado a la ley".

Próximos pasos del proceso

Otro recurso legal que presentó el comité tuvo relación a la venta de un paquete acciones de Itaú Corpbanca por US$ 7,5 que posee CGB libre de prenda y que el grupo Saieh busca conseguir su autorización para que puedan continuar saldando los costos del proceso en EEUU.

Al respecto, el comité tiene reparos: "Las acciones no gravadas representan una fuente importante de recuperación para los acreedores generales no garantizados en estos casos y, en opinión del comité, las ventas deben minimizarse y monitorearse de cerca a medida que avanzan estos casos", dijo.

De cara a esta operación, detallaron que han estado en conversaciones con los asesores de CGB. Incluso, comentaron que "estas discusiones han sido productivas y continúan, y el comité mantiene la esperanza de que se pueda llegar a un consenso en los próximos días para obviar la necesidad de una audiencia".

Los próximos pasos del proceso de reorganización es que el próximo martes habrá una audiencia general a las 13:30 en Delaware. Entre los asuntos que se discutirán será la moción del comité por investigar y procesar una serie de reclamos que presentaron el 23 de diciembre.

También, se discutirá la solicitud de vender el paquete de acciones de Itaú Corpbanca que tiene CGB. Otro aspecto a debatir será la ampliación de plazos para presentar el plan de liquidación.

Otra cita clave será el 2 de febrero ya que se comenzará a abordar la situación financiera de las empresas del grupo Saieh acogidas al Capítulo 11 de cara a comenzar de lleno a discutir el plan de liquidación.